En Finlandia, el Parlamento frena el proyecto de Ley de confinamiento; mientras que en Bélgica, un tribunal obliga al Gobierno a eliminar las medidas anticovid en un plazo de 30 días. En estos dos países las personas afectadas por las alargadas y duras restricciones de sus gobiernos, han mostrado tal descontento que tanto la justicia como la comisión constitucional boicotean las restricciones impuestas por el ejecutivo por daño a la economía y violación de los derechos humanos fundamentales.

Ley finlandés de confinamiento tumbada antes de nacer

Ayer, la comisión constitucional del Eduskunta o Parlamento finlandés, frenó la tramitación del proyecto de ley del Gobierno que establece el confinamiento de la población en Finlandia. Hasta hoy, el país nórdico registra una incidencia acumulada de 143,5 contagios/100.000 habitantes en los últimos 14 días, una cifra que se dispara hasta los 415,9 casos sólo en la capital, Helsinki. Por considerarlo inconstitucional y desproporcionado, que busca restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos en las regiones con mayor incidencia de coronavirus. Afirman que no se ajusta al marco constitucional, por lo que pidió al Gobierno que presente una nueva propuesta. En detalle, el actual proyecto prohíbe a los ciudadanos abandonar su domicilio sin un motivo justificado para evitar que siga extendiéndose el virus entre la población. Aunque permite realizar ciertas tareas consideradas esenciales. En su opinión, el objetivo de contener la expansión de la pandemia puede alcanzarse también mediante restricciones menos severas que el confinamiento de la población. Ante esto, la Comisión propone en un comunicado: "Podemos lograr el mismo objetivo con medidas más suaves. Las prohibiciones y restricciones pueden dirigirse directamente a las fuentes conocidas de infección, como eventos privados, reuniones, iglesias, mezquitas y visitas a tiendas". De haberse aprobado la ley de confinamiento, un total de 1,5 millones de personas se habrían visto afectadas,  que es uno de cada cuatro habitantes del país nórdico. Recordemos que Finlandia mantiene en vigor el estado de excepción declarado el 1 de marzo para luchar contra la pandemia, lo que permitió a las autoridades cerrar los bares y restaurantes en las regiones con mayor ritmo de contagios.

Demanda al Gobierno belga

Un tribunal de primera instancia ordenó este miércoles al Gobierno federal de Bélgica poner fin a todas las medidas excepcionales adoptadas contra la pandemia del coronavirus en un plazo máximo de 30 días. Así lo anunció la ministra del Interior, Annelies Verlinden, ante el Parlamento federal, quien recalcó que varias sentencias judiciales y dictámenes del Consejo de Estado han confirmado previamente la base de las medidas que restringen las libertades públicas para combatir la pandemia.

Si el Estado no cumple la decisión, deberá pagar una multa de 5.000 euros al día.

El tribunal consideró que la urgencia invocada por los demandantes quedaba acreditada por el hecho de la prórroga hasta el 1 de abril, de las medidas controvertidas, entre ellas: el toque de queda o el cierre de comercios no esenciales, sin que se produjera un previo anuncio oficial al respecto. El principal argumento del tribunal de primera instancia señala, que la situación relacionada con el Covid-19 no está contemplada en esta ley. El Estado se respaldó en una ley adoptada tras la catástrofe de Ghislenghien, que define las competencias así conferidas al Ejecutivo de forma "restrictiva y previsible". El tribunal concluyó que el cierre de diversos establecimientos (culturales, festivos, deportivos, recreativos, eventos, hoteles y restaurantes, profesiones de contacto), ni la suspensión de la escolaridad obligatoria, la restricción de las reuniones públicas o privadas, la restricción de la circulación hacia y desde Bélgica, están cubiertos por los términos "requisa" y "evacuación" de esa ley, por lo que no aplican según este órgano judicial. Notas relacionadas: La semana cierra con múltiples protestas anti-confinamiento alrededor del mundo Cacerolada en España en protesta al Gobierno por su actuación contra el coronavirus