La reforma educativa de la Lomloe o ley Celaá sigue en el campo de batalla cuando mañana pasará su último trámite para su aprobación. Mientras se pronuncian partidarios de Gobierno defendiéndola, la parte política opositora junto con plataformas como Más plurales continúan protestando para que no se apruebe. El día de hoy, se reunió la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con las comunidades autónomas en Conferencia Sectorial para hacer el balance del primer trimestre del curso escolar 2020-2021, marcado por las medidas contra la covid-19. Esta reunión se produce en una semana decisiva para la  ley Celaá, cuando este martes termine el plazo de enmiendas en el Senado, que deberán ser votadas en la Comisión de Educación de la Cámara Alta y de allí, pasará a su último trámite para su aprobación, el próximo miércoles 23.

Los defensores: en busca de la pluralidad y diversidad de la educación

A la cabeza con la precursora de dicha reforma, la ministra ha venido acusando al Partido Popular de que no entiende "absolutamente nada" de la reforma educativa y de haber "fabricado maquinaciones e historias" contra una ley que persigue equilibrar la caída de calidad, que ha sufrido en los últimos años la educación pública frente a la concertada. Además, Celaá ha destacado que servirá para vertebrar "toda la pluralidad y diversidad" educativa en España. Isabel Celaá, también ha tildado de "deleznable e inmoral" la campaña de PP, Vox y Ciudadanos contra la reforma educativa porque utilizan a menores en los colegios para infundirles "ideas políticas" contra el Gobierno. Además, Celaá ha recriminado a estos partidos que los alumnos "estén siendo llevados al patio con lazos incluso en horas de clase". Se ha insistido en que la reforma educativa cuenta con un consenso amplio y que solo han aparecido tres partidos en esa campaña. Desde esta posición, se sigue defendiendo que la enseñanza concertada no está cuestionada, lo que se quiere es simplemente eliminar "barreras" que impiden que los alumnos en situación de vulnerabilidad se formen en "igualdad de condiciones". En concreto, Celaá acusa al PP de fabricar campañas institucionales que han sido sufragadas con dinero público, para: infundir falsas ideas sobre lo que se pauta para la educación especial; al no entender el concepto de lengua vehícular, aseguran que se perderá el castellano en las aulas; atormentar a los padres diciéndoles que no podrán escoger el centro educativo para sus hijos;y eliminar la religión del currículo, principalmente. Por otro lado, recientemente en la Región, Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos, ha defendido la inmediata aplicación de la nueva Ley de Educación para el próximo curso en la Región de Murcia porque "beneficia a los alumnos, a las familias y especialmente al derecho a la educación de todos y todas". También, ratifica que "el Partido Popular ha implantado un modelo segregador y elitista en el que hay dos líneas educativas: una pública, sin recursos y que asume al alumnado que presenta mayores dificultades, y otra concertada, en la que se cobran cuotas ilegales, se segrega al alumnado según su capacidad económica y se selecciona el profesorado en función de criterios que no tienen por qué estar guiados por el mérito y la capacidad, como sí ocurre en la educación pública". Desde esta parte de la contienda de la politizada ley, se alega que el PP trata de "colocar el foco" en un supuesto ataque a los más débiles, "utilizando el miedo y la angustia de familias que muchas veces viven una situación vulnerable", cuando lo que en realidad busca es "seguir desviando fondos hacia un modelo segregador y clasista de centros que separa a niños y niñas, como el Nelva y el Monteagudo".

Los opositores: "La trampa educativa del Gobierno"

Desde esta parte de la contienda, se ha criticado la premura por la aprobación de la reforma educativa en plena segunda ola del coronavirus, la falta de información sobre este curso escolar en plena crisis, y, fundamentalmente, la coarción de las libertades y derechos de los ciudadanos. En una interpelación al Gobierno en el Senado sobre la reforma educativa, el PP ha acusado a Isabel Celaá de impulsar una ley educativa que es "un arma arrojadiza y no un elemento de encuentro y unión". Al tiempo que ha criticado al Ejecutivo por pretender "cargarse la educación especial" y destruir "el modelo nacional dual educativo". Recientemente, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, expresó a través de su cuenta en Twitter, que el presidente Sánchez podría hacer "toda una tesis doctoral con sus trampas a los españoles en la Ley Celaá". Esta publicación, surge como repuesta a la acusación del diputado socialista Ander Gil contra el presidente del PP, Pablo Casado, a quien acusa de ser "experto en trampas educativas", tras su anuncio de adelantar la matriculación del curso escolar en las comunidades autónomas en la que gobiernan. La diputada del PP ha hecho referencia a la "tramitación exprés" de la nueva ley durante el estado de alarma, "sin participación de comunidad educativa" y que usan el español y la educación como "monedas de cambio por votos independentistas". Cuarta protesta de Más Plurales contra la reforma. Facilitada por rtve.es Por su parte, la plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias y colegios de la educación concertada, ha convocado para el próximo miércoles a una manifestación ante el Senado para protestar contra la Ley Celaá. Esta ya es la quinta manifestación de la plataforma educativa de la concertada, quienes a pesar de la aprobación del texto legal en la Cámara alta de Congreso, seguirán protestando en oposición a la reforma. Para Más Plurales, el gobierno social-comunista y sus apoyos parlamentarios, en una clara muestra de sectarismo y desprecio hacia quienes no piensan como ellos, no han querido escuchar de viva voz los argumentos de la escuela concertada y de los representantes de los padres de alumnos. Insisten, desde esta plataforma, que la Lomloe acabará con la demanda social a la hora de distribuir a los alumnos en los centros educativos -aniquilando así el derecho de los padres a elegir colegio-; también, elimina la posibilidad de que los colegios concertados den educación diferenciada por sexos - a pesar de las sentencias a favor de dicha educación-; que retira la condición de evaluable para el currículum escolar a la asignatura de religión y permite que el idioma castellano sea borrado del mapa como lengua vehicular allá donde existen otras lenguas regionales co-oficiales.

Madrid retrasa por un año la aplicación de la reforma

El gobierno regional de Madrid adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022, con la aprobación el pasado 4 de diciembre de las instrucciones para este proceso. De esta manera, la Comunidad de Madrid ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar estas instrucciones. Lo que le permitiría continuar como hasta ahora con la admisión de alumnos. Esta acción obedece a que la nueva ley educativa contempla que los procesos de admisión de alumnos para el curso 2021-2022, aprobados antes de su entrada en vigor, puedan desarrollarse conforme a la normativa vigente. De esta manera se garantiza la libertad de elección de las familias. El proceso de admisión está dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años), Primaria, Secundaria, Bachillerato y Educación Especial. Lo que será antes de la inminente aprobación de la nueva ley educativa, que actualmente está pendiente de tramitación en el Senado. Desde la Consejería de Educación subrayan que gracias a la aprobación de las instrucciones, sigue vigente un año más el criterio de distrito único, por lo que "se garantiza la igualdad de condiciones para todas las familias para la elección de centro en su municipio, independientemente de dónde residan".   Notas relacionadas: El PP y Más Plurales protestan contra la Ley Celaá en Cartagena PP presenta una moción contra los “ataques” de la Ley Celaá