La Región es donde más sanitarios y docentes han recortado de la plantilla pública desde 2010

Son siete las comunidades que más han recortado funcionarios en sanidad y educación en los últimos 10 años, pero Murcia especialmente ha reducido aún más su plantilla. Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias y Murcia, redujeron altamente el número de docentes desde 2010. Mientras que la Comunidad Valenciana y Cantabria son las que tienen menos sanitarios que hace diez años. Protesta por el estado de la salud pública de 2014. El País

Se estima que 925.000 empleados se jubilarán durante los próximos diez años, lo que representa un envejecimiento de las plantillas públicas. Sumado a la entrada masiva de interinos, que han cumplido el papel de los funcionarios en algunos casos durante décadas; más los continuos recortes han dejado las administraciones con menos trabajadores que en 2010.

Precariedad del sistema más la pandemia

La pandemia del coronavirus ha hecho más importante que nunca la necesidad de unos servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, de calidad y lo suficientemente numerosos para hacer frente a situaciones inesperadas como esta.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el número de empleados al servicios de las administraciones públicas en el mes de julio -que es último dato disponible- era de casi 2,6 millones, pero solo 1,5 millones eran funcionarios de carrera.

El resto del personal se dividía prácticamente a partes iguales entre personal laboral, con una alta tasa de temporalidad y cuyos derechos laborales dependen del Estatuto de los Trabajadores e interinos, que llegan a la administración para hacer sustituciones pero que acaban ocupando el puesto durante décadas.

Hay que resaltar  que dónde sí hubo un aumento de la plantilla fue en las consejerías y organismos autónomos, donde cuatro CCAA incrementaron el personal en este área, como son la Comunidad Valenciana, La Rioja, Asturias y, especialmente, País Vasco.

Así, las regiones han pasado de tener 1,1 millones de efectivos en 2002 a algo más de 1,5 millones en 2020, un 38% más, debido al proceso de transferencias de competencias llevado a cabo durante las dos últimas décadas.

Oleaje de retiros

La pandemia ha provocado un parón de la convocatorias y ha vislumbrado la precariedad, carga de trabajo, falta de recursos y el envejecimiento de las plantillas públicas. Los retiros o no se cubren o se hacen con interinos, que poco a poco han tomado el relevo a los funcionarios de carrera, con un protagonismo cada vez menor. Las administraciones públicas pasan ahora por un nuevo cambio, que también vive el sector privado, la temporalidad y la precariedad del empleo. Cuyo peso en las administraciones apenas suponía poco más de un 13% en julio de 2010, un 14% en el mismo mes de 2015 y a julio de 2020 -último dato disponible- casi un 22%.

Según un reciente estudio de Adams Formación a partir de datos del INE, en el área de la Seguridad Social el 76% de sus empleados tiene 50 o más años. En la Administración central, cuatro de cada diez -de más 540.000 efectivos- ya tiene o supera los 50 y en los ministerios el porcentaje llega al 64%.

Junto a estas cifras, sólo el 7,5% de los empleados públicos son menores de 30 años y únicamente, lo que supone el 0,2% del total, y de ellos, el 95,77% son temporales.

Ante este crudo panorama, harán falta numerosas convocatorias de oposiciones o una profunda transformación en las administraciones públicas.

Miquel Iceta, ministro de política territorial. La Información

Para solventar dicha problemática, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha informado que ya tiene en marcha una drástica reforma, cuyo principal objetivo será acabar con los interinos que llevan décadas en la administración pública.

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