Con una ley aprobada hace ya 11 años en España que avala el derecho a las mujeres a un
aborto seguro, libre y gratuito, es otra más a la que se le presta la menor importancia cuando decenas de mujeres de la Región denuncian ser expulsadas y criminalizadas al decidir interrumpir sus embarazos.
Según el artículo 19 de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se recoge que "la prestación sanitaria de la interrupción se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma teniendo que ser preferentemente realizadas en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida".
Más entre el ideario provida de la política de España y la Región, el criterio de conciencia del personal sanitario y la negligencia de las clínicas privadas, se sigue dando la espalda al debate sobre los abortos espontáneos y las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), dejando a las mujeres
denigradas, sin asistencia, acompañamiento, ni mucho menos, sin un seguimiento en ese proceso posterior a la superación del duelo por la pérdida.

Polémica por el derecho al aborto. EFE
Denuncias más recientes por negligencia en la atención del IVE
Recientemente en el programa Salvados transmitido por La Sexta, han sido entrevistadas decenas de mujeres que han tenido que pasar por esta situación para conocer de qué manera funciona el aborto en nuestra Región y demostrar que muchos hospitales de carácter público siguen sin cumplir con esta ley.
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De manera que se supo que la Consejería de Salud envía a las gestantes murcianas que quieren o deben interrumpir su embarazo a clínicas privadas o a hospitales de otras comunidades porque en los centros públicos de la Región no se lleva a cabo este tipo de prácticas.
Asimismo, se entrevistó al responsable de Medicina Materno Fetal del Hospital Virgen de la Arrixaca, quien aseguró que no es que las derive, sino que hace "el trámite que legalmente se hace" y ha defendido su postura argumentando que siempre comunica "las incidencias a la Consejería de Sanidad".
La oposición política y los médicos escudados con la ‘objeción de conciencia’
No es sólo un tema de debate interminable y con opositores en la Región, ya que por su parte VOX junto al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos responden a la campaña de la izquierda europea para convertir el aborto en un "derecho humano internacional”.
“Nosotros creemos que con políticas en favor de la natalidad y la familia se puede corregir el suicidio demográfico”, ha subrayado su líder, Santiago Abascal.
Como partidarios Provida difunden por sus redes sociales su repudio a la “cultura de muerte” de la legalización de aborto.
https://twitter.com/VOX_Europa_/status/1399787835612303361?s=20
En relación al derecho de los sanitarios que argumentan una ‘objeción de conciencia’ para no practicar un aborto, que por la vigente ley no están obligados a hacerlo. más sin embargo, éstos deben manifestarlo de forma individual, por adelantado y por escrito para evitar ir en detrimento de la calidad asistencial que deben prestar.
De esta manera, en muchos centros hospitalarios de distintas regiones de España se golpea duramente a los derechos de las mujeres cuando l
os doctores no quieren comprometerse por el riesgo de la madre y el feto. Como en el caso del hospital Virgen de la Arriaxa, donde el 80% de la plantilla recurre a la objeción de conciencia.
Y tal como lo reconoció el mismísimo director: “El sistema público le ha fallado a estas mujeres. Los cristianos decimos la verdad".

Entrevista al autodenominado "ginecólogo cristiano" del Arriaxa. La-Sexta
Salud alega una “percepción subjetiva de los hechos por parte de las usuarias”
Al parecer, el Sistema de Salud murciano se olvida de la adecuada atención a las interrupciones voluntarias del embarazo por motivos médicos.
Y las respuestas de consejero de Salud, Juan José Pedreño, al caldeado problema del aborto en la Región se debe a que las reclamaciones de las mujeres que han sufrido violencia obstétrica "responden a una percepción subjetiva de hechos que no han sido confirmados".

Consejero de Salud regional, José Pedreño. ORM.es
También colocó en contraste que en los últimos cinco años, según consta en los registros de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SMS, la Región ha registrado una media anual de casi 3.400 Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en la que 2.400 tienen lugar cuando la gestación tiene ocho o menos semanas.
De manera que, para que la interrupción del embarazo se realice en la Comunidad, la gestión no debe superar las 20 semanas y sólo hay dos opciones privadas: el Instituto Ginecológico de Murcia y la clínica Ginemur, que tienen el mismo domicilio social en la avenida Juan de Borbón.
El resto de casos por encima de las 20 semanas - interrupción por un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, malformaciones en el feto o anomalías fetales incompatibles con la vida- son derivados a la clínica madrileña El Bosque.
La continua lucha por los derechos de la mujer
La Asociación de Matronas de la Región de Murcia por su parte, ha instado a las administraciones sanitarias a ser coherentes con la legislación vigente, y garantizar "que todas las mujeres de nuestra Región tengan acceso a una asistencia digna a lo largo de toda su vida sexual y reproductiva, no siendo menos importante
la humanización de todas y cada una de las pérdidas perinatales".
Para estas matronas, "las mujeres merecen vivir esa pérdida rodeadas de todo lo que se la haga más liviana: acompañadas por su pareja o la persona que ellas elijan, con una analgesia adecuada y cerca de sus hogares"
Al contrario de lo que establece la ley, las mujeres terminan abortando en clínicas privadas donde no se dan las condiciones sanitarias para practicarlos. Por tanto, la advertencia es que cuando muera una mujer ante vacío moral y asistencial, es cuándo Salud prestará la debida atención a este problema.

Reciente concentración de AFO Murcia
Por igual, los recientes escándalos expuestos en Salvados más los colectivos en defensa por los derechos de las mujeres, han llevado a que el Defensor del Paciente haya pedido a la Fiscalía que investigue si la Comunidad de Murcia está enviando a las mujeres que quieren abortar a otras comunidades.
Desde el PSOE, Lara Hernández manifiesta que explica que “la objeción de conciencia es algo personal pero entiendo que es ilegal, que todos los hospitales públicos de la Región, todos los facultativos, se declaren objetores de conciencia en todos los supuestos, porque están poniendo su derecho por encima del de todas estas mujeres”.
Igualmente, las voces del Gobierno central también han hecho eco al derecho al aborto, como la de la ministra Irene Montero. Quien ha sentenciado que la "van a garantizar".
https://twitter.com/IreneMontero/status/1399096937211740162?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1399096937211740162%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.publico.es%2Ftremending%2F2021%2F05%2F31%2Fme-moria-alli-el-desgarrador-relato-de-una-mujer-expulsada-de-la-sanidad-publica-por-abortar%2F
En un caso más reciente que vislumbra un triunfo al derecho al aborto, ha sido el de Antonia, una mujer a la que el Servicio Murciano de Salud negó información sobre la anomalía que sufría el feto, lo que impidió que accediera a una interrupción del embarazo en condiciones dignas.
https://twitter.com/womenslink/status/1399097986467209217?s=20
Actualmente, el Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso de amparo que presentó la organización Women's Link, representando a Antonia.
Dicha organización advierte que en el país aún hay obstáculos al aborto, como el ya denunciado ‘objeción de conciencia generalizada’ en hospitales y comunidades enteras.
También existe la discriminación geográfica que obliga a las mujeres a desplazarse a kilómetros de su residencia y, que aunque la ley es muy clara en garantizar que el aborto esté disponible en los servicios públicos de salud y excepcionalmente en clínicas privadas, la excepción se ha convertido en la regla general.
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