
Comunidades de Regantes de Murcia esperan buena voluntad política de sus gobernantes
Diferentes situaciones adversas y complejas están viviendo las Comunidades de Regantes en la Región de Murcia, que son un obstáculo para la eficaz labor que estas asociaciones deben cumplir a favor del sector agrícola de esta zona de España.
Como es conocido por todos, las Comunidades de Regantes llevan sobre sus hombros una gran responsabilidad en la administración del agua destinada a los regadíos que garantizan la producción alimentaria de la Región; y decimos esto porque Murcia es uno de los territorios con más escasez de agua, pero que gracias al avance y aplicación de tecnologías de avanzadas, se ha podido en gran medida superar estas limitaciones.
Pero, para garantizar el suministro del preciado líquido a las Comunidades de Regantes como entes administradores, se requiere de la participación pública y privada, El gobierno, por una parte, debe asegurar las condiciones políticas y legales, y el sector privado, por otra, debe estar dispuesto también a participar en inversiones necesarias para concretar las obras necesarias.
Como primer caso de las dificultades que experimentan actualmente las Comunidades de Regantes, podríamos mencionar que en las últimas semanas se han llevado a cabo varias manifestaciones por parte de los agricultores y empresas relacionadas, para que el Gobierno Central no ejecute una nueva norma, con la cual podría disminuir en un 50 por ciento, los volúmenes de agua proveniente del trasvase Tajo-Segura, lo cual afectaría considerablemente al sector agrícola.
A esta acción se le suma otra que en una primera mirada podría decirse que es una medida positiva, pero que finalmente, podría convertirse en un arma para la autodestrucción de los regadíos. Se trata de la declaración de fuentes ecológicas, a los nacimientos de agua dulce por parte del Gobierno, que si bien es necesario hacer para la protección del medio ambiente, debe llevarse a cabo con prudencia para no perjudicar a las Comunidades de Regantes.
Las Comunidades de Regantes que dependen del Trasvase Tajo-Segura y que tienen en sus territorios fuentes de agua dulce, hacen un llamado las autoridades regionales y nacionales para que pongan toda diligencia a esta problemática situación, que pone en riesgo el futuro de la actividad agrícola en Murcia.
Voluntad política para ampliar perímetros regables
El segundo caso, pero que no deja de ser de gran importancia, es la situación que viven otras Comunidades de Regantes como Pulpí, Lorca, Mazarrón, Águilas y Puerto Lumberas, entre otras, quienes requieren ampliar sus perímetros regables para establecer nuevos regadíos y darle paso al crecimiento de la actividad agrícola y ganadera en sus localidades.
Lamentablemente, la normativa legal vigente no está autorizando solicitudes como estas. Las razones se desconocen, pero es lamentable que las Comunidades de Regantes estén de manos atadas para darle respuestas a los agricultores y ganaderos, muchos de ellos nuevos en estas actividades, que están dispuestos a trabajar las tierras y la ganadería para sumar alimentos a la Región de Murcia.
Y es que no se explica por qué la negativa de las autoridades, si el agua salina está a disposición de la Región y los agricultores están ganados para invertir en tecnología que les permita desalinizar el agua e incorporarla a los volúmenes de agua destinados a las Comunidades de Regantes.
Los agricultores sostienen que esta situación se resuelve con voluntad política, que los Gobiernos Regionales y Nacional se pongan de acuerdo para decidir a favor de la población y de lo que mejor le conviene a las Comunidades Autónomas en sus aspiraciones de desarrollo económico y social.
Los inversionistas los hay, pero si no se les da el permiso para ampliar los perímetros regables en estas Comunidades de Regantes, no se puede avanzar y la distribución de agua para los regadíos, continuaría siendo un problema de nunca terminar.
Las Comunidades de Regantes pueden tener las mejores intenciones, y disponer de los recursos para invertir en la producción del agua, donde no es fácil conseguirla, pero el gobierno en vez de poner obstáculos, debe allanar el camino para el logro de los objetivos comunes como lo es el bienestar de la gente; en este sentido, la normativa legal no puede privar sobre la prosperidad de sus ciudadanos.


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